El sistema de justicia criminal en Brasil se está reduciendo a un “sistema de acuerdos” sin reconocimiento de responsabilidades

La regresión regulatoria (regulatory rollback) de la administración Trump se repite miméticamente con Bolsonaro. La deforestación de la Amazonia, luego de la salida parcial de las FARCs luego de los Acuerdos de Paz, está en manos de las bandas criminales del Sudeste (Primeiro Comando da Capital, de Sáo Paulo, y Comando Vermelho, de Rio), milicias parapoliciales y empresas explotadoras.

Eduardo Saad profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP) e investigador del programa REPMULT, dirigido por Adan Nieto en la Universidad de Castilla La Mancha, participa en el 17 Simposio Internacional de Victimología, presentando la realidad que se vive en el Brasil con los delitos medioambientales que están siendo posibles bajo la presidencia de Bolsonaro. 

En el simposio ha denunciado como en el contexto de la pandemia hubo un aislamiento de aproximados 5.000 indígenas de la Amazonia, “deliberadamente aisladas”. Se trata de personas que habitan territorios constitucionalmente protegidos (“terras demarcadas”) en los que concurren intereses de explotación de recursos naturales y de conversión en zonas para el pasto del ganado y el cultivo de soja. Bolsonaro ya fue acusado ante el Tribunal Penal Internacional en 4 denuncias. En dos de los casos, las denuncias fueron suspendidas y las otras dos archivadas. Eduardo Saad decía, provocativamente, que “el TPI, al hacerlo, generó la figura de una especie de genocidio blando, porque 5.000 personas no se consideraron como suficientes para considerar el acto como un genocidio. ¿Cuántos muertos más se necesitan para caracterizar el hecho como un daño social significativo, como un genocidio?”.

Eduardo Saad hace un cálculo ¿si tenemos tantos problemas para imputar un caso de genocidio, cuántos problemas vamos a tener en la interpretación de los delitos de Ecocidio? ¿cómo van a actuar los jueces, desde una perspectiva progresista, en delitos contra el medio ambiente? Si no me equivoco, el desafío consiste en crear un escalonamiento adecuado del comportamiento, combinando, con más consistencia, las estrategias del control social del medioambiente. Por este camino vengo conduciendo mis investigaciones allá en la USP. 

Juntamente con Joao Gianecchini y el grupo USP Business & Human Rights, se analizan las regresiones regulatorias en el gobierno de Bolsonaro, comparando con lo que se dio en las regresiones que se dieron en USA con el gobierno de D. Trump. “Es increíble comprobar que la regresión regulatoria que se dió en Estados Unidos se reproduce miméticamente en Brasil. No sólo hay una relajación en las medidas, sino que se reproduce un sistema por el cual las autoridades fiscalizadoras se vuelven inoperativas”

Eduardo Saad se pregunta también si los intentos del gobierno de Joe Biden, en su afán de hacer el “giro regulatorio” (regulatory turn) con relación a las políticas ambientales Trump, no serían una lección importante para Brasil. ¿Estaremos en situación de hacer nuestro propio turn? Lo comenta precisamente porque en Brasil están en período electoral, y quizás sea ahora – y no después de los muchos compromisos que se asumen en las elecciones – el momento de aclarar con precisión las prioridades de protección del medioambiente. 

Hoy día, la Amazonia emite hoy más carbono de lo que es capaz de absorber, está en marcha su proceso de “savannización”. La deforestación ya es irreversible en muchos puntos y contribuye significativamente para el calentamiento global.  

Eduardo Saad está investigando los nuevos grupos que están explotando la Amazonia. “Desde que se retiraron las FARC, tras los acuerdos de paz de Colombia, quedó libre un territorio muy rico que fue ocupado por PCC (Primeiro Comando da Capital)  de Sao Paulo y el CV (Comando Vermelho) de Rio; mucho más que el comercio de la droga, les conviene involucrarse por otros ‘nichos de mercado’ más suculentos, como el de la madera ilegal u oro y seguir devastando la selva, garantizando que las corporaciones puedan seguir expandiendo el negocio ganadero y de la soja y seguir así con la deforestación”. La mancha del homicidio emigra desde el sureste de Brasil hacia el norte. Todo es posible por la acción conjunta de bandas criminales, milicianos - que son bandas parapoliciales - y las empresas explotadoras. De ahí que Eduardo Saad vaya defendiendo la formación de una Criminología de la Amazonia para poder progresar en la defensa del medio ambiente.

Hay que añadir, según explicaba las injusticias mediambientales aún no reconocidas como ecocidios, las tragedias de las minas Mariana  y Brumadinho,  en las que por unos muros de contención de residuos mal construidos por ahorro de costes desaparecieron casi 700 km2 de tierra. Se plantearon 2 casos que no tuvieron respuesta por parte de la administración de justicia. “No tiene la capacidad de gestionar casos tan complejos. Sencillamente se llegan a “acuerdos” sin que la empresa reconozca responsabilidades y sin delimitar el daño. “Lamentablemente lo que estamos observando es la reducción del sistema de justicia criminal brasileña a un sistema de acuerdos muy favorables a las empresas por los que no se reconoce su responsabilidad.” Si no hay responsabilidad no hay reconocimiento de ninguna actitud reprochable y por lo tanto no hay víctimas”. 

Curiosamente o no, hay “acuerdos de no persecución penal” en los tribunales de segunda instancia donde se decidió que, según las circunstancias y la diversidad de drogas incautadas, no se le concedía al imputado los beneficios del acuerdo. Eso significa, irónicamente, que “puedo torturar o secuestrar y firmar un acuerdo sin reconocer mi responsabilidad, pero si mi delito está relacionado con las drogas no puedo llegar a ningún acuerdo. Todo el sistema se vuelca a los delitos de tráfico de drogas”. Eduardo Saad recuerda que no en vano en “Brasil tiene más de 800.000 personas presas con el mismo perfil, negros, jóvenes menores de 30 relacionados con tráfico y pequeños delitos patrimoniales”.

En el Grupo REPMULT, con Adan Nieto y Raul Calvo se están estudiando las fórmulas para priorizar los casos de delincuencia medioambiental aplicando la justicia restaurativa. Desde la Universidad de Castilla la Mancha se desarrolla un proyecto de investigación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la violación de derechos humanos en la que se está intentando desarrollar las soluciones alternativas para estos casos de justicia restaurativa corporativa.

Los fiscales y jueces “son altamente cualificados, pero el sistema de justicia criminal de Brasil no les permite hacer más de lo que hacen”, aún “es muy difícil superar el pensamiento tradicional de reparación que pueda avanzar hacia la restauración. No se llega hasta las víctimas que hubo por el comportamiento dañoso de la empresa”.

Lo peor es que, según Saad, las víctimas son personas dependientes de las empresas responsables. En este grupo de la UCLM, están intentando establecer el dibujo de “cómo interactúan las personas para crear intervenciones que hagan posible restaurar su calidad de vida. No sólo los daños tangibles, sino los que afectan a una más amplia dimensión del desarrollo de su personalidad”. Tal cual identificado por la investigadora Daniela Prata, se trata de personas extremadamente humildes, que mal pueden comprobar el daño que sufrieron. “Pescadores que ya no pueden serlo por la contaminación de las aguas; comunidades indígenas que han perdido su identidad al ser desplazados de sus territorios, comunidades quilombolas (descendentes de los esclavos)…”. Lo novedoso acá se trata de generar nuevas experimentos sociales que permitan identificar estrategias para el empleo legítimo y efectivo de los recursos de la empresa. 
Todos estos intentos se están realizando en un ambiente electoral en el que si se confirma la reelección de Bolsonaro, van a ser aún más difíciles.