Mejorar la conciencia medioambiental de la ciudadanía
El Donostia Sustainability Forum, organizado por los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco y la Fundación BBVA, recibió en una de sus sesiones abiertas al público a Antonio Vercher, Fiscal de Sala de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo desde 2006.
A lo largo de su intervención, analizó la historia reciente de la legislación medioambiental, los cambios experimentados en los últimos 15 años de ejercicio, desde la creación de una fiscalía especializada en la materia, y algunos hitos recientes, como la ley de cambio climático y el proyecto de ley sobre residuos. En este sentido, Antonio Vercher destacó los “extraordinarios esfuerzos” que se están realizando y los resultados, impensables hace unos años, que se están obteniendo.
A lo largo de su charla el fiscal Vercher hizo varias referencias a la novedad que ha supuesto el propio concepto de medio ambiente. Aunque los problemas medioambientales han existido siempre y, en alguna ocasión, en el pasado se legisló en relación a la tala ilegal de árboles o a los incendios forestales, siempre prevalecía la visión económica. Incluso después de la revolución industrial, cuando se extrajeron masivamente recursos de forma ilegal y se cometieron todo tipo de abusos, las llamadas de atención por parte de determinados intelectuales no llegaron hasta el siglo XX. Es entonces cuando se define la idea de trasladar este tipo de delitos, limitados a la legislación administrativa, al derecho penal.
Uno de los hitos que destacó Antonio Vercher tuvo lugar en 1977m cuando el Consejo de Europa planteó la necesidad de que todos los estados miembros empezasen a trabajar en el uso del derecho penal para combatir los delitos medioambientales. Anticipó la importancia que tendría la especialización de jueces y fiscales en esta materia e incluso sugirió que se evitase el uso de medidas de gracia para los delincuentes ambientales.
Un año después, la constitución española de 1978 recogió mecanismos para la protección del medio ambiente y expresó de forma explícita la posibilidad de utilizar el derecho penal para hacer frente a ciertos delitos. En 1983 se definió el primer delito en materia ambiental, dirigido a perseguir las emisiones o vertidos de carácter grave, y a partir de ahí las sucesivas reformas del código penal han incorporado con más detalle este tipo de procedimientos penales, incorporado las directivas de la Unión europea.
La especialización de fiscales, por último, se produjo en 2006 y, como señaló Antonio Vercher, se puso en marcha, sobre todo, para atajar la corrupción urbanística. En la actualidad, el hecho de que consigan 1000 condenas anuales, la cifra más alta en este tipo de supuestos de toda Europa, da fe de la importancia que ha cobrado el trabajo que desarrollan. Un trabajo complejo porque, según explicó, 20.000 normas administrativas pueden tener influencia en el derecho penal ambiental, a lo que hay que sumar la recientemente aprobada Ley de cambio climático y la futura ley de residuos.
La experiencia de Madrid Central
La recién aprobada Ley de Cambio Climático contempla la implantación para 2023 de zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas de 50.000 o más habitantes, que tendrán que implantar medidas para evitar la contaminación en el centro de sus núcleos urbanos, restringiendo el acceso de vehículos de no residentes. Esta experiencia se desarrolló desde noviembre de 2018 hasta julio de 2020 en el centro de Madrid, cuando la normativa fue anulada por el Tribunal Supremo por un defecto de forma. A día de hoy, explicó Vercher “no sabemos si Madrid Central existe o no existe”. Las mediciones realizadas entre enero y septiembre de 2019 indican que hubo 40 millones y medio de accesos ilegales de vehículos. Identificaron a los infractores más recurrentes y prepararon la documentación para denunciarlos, hasta que el trabajo quedó en suspenso debido al autor del Tribunal Supremo.
Madrid Central ilustra uno de los puntos de la nueva Ley de Cambio Climático. La experiencia acumulada será, a juicio de Vercher, de gran utilidad cuando se ponga en marcha, aunque señaló el lastre que suponen las bases administrativas para el derecho penal.
Proyecto de ley de residuos
La futura ley de Residuos favorece la introducción de la economía circular, lo que implica que todo lo que sea aprovechable debe ser recuperado. La nueva ley servirá para poner coto, según señaló el fiscal, a la exportación de residuos a otros países, sobre todo al sudeste asiático. Cuando estos países se niegan a aceptarlos los contenedores de residuos vuelven a España y se depositan y a menudo incendian desechos tóxicos y peligrosos. La nueva ley plantea la creación una nueva red de reciclaje y tratamiento de residuos en todo el país.
A lo largo de su intervención, Antonio Vercher insistió en la importancia que tiene mejorar la conciencia medioambiental de la ciudadanía. “Como las consecuencias de estos delitos no se ven a corto plazo, no se advierte la relación de causalidad, que es mucho más evidente e inmediata en otros delitos”. Y añadió: “las 93.000 muertes de las que habla el Observatorio de Salud y Medio Ambiente en relación con la contaminación atmosférica parece que no nos impactan”.
Antonio Vercher añadió que después de situaciones coyunturales, como la catástrofe del Prestige, la ciudadanía tiende a presentar más denuncias, y señaló que las multas no suponen un gran acicate para los infractores, “porque hay que perseguir a la gente para que pague”.
En cuanto a la tipología de delitos que terminan en condena, explicó que la mayor parte ha estado relacionada con delitos urbanísticos, como la concesión de licencias ilegales, etc…” Ahora se ha avanzado en este sentido, aunque sigue habiendo mucha picaresca”, añadió. También se ha experimentado un aumento extraordinario de casos relacionados con los malos tratos a animales domésticos.
